La cabeza de lista del Partido Popular de Cantabria al Congreso, Isabel Urrutia, ha mantenido un encuentro con representantes del Colegio de la Abogacía de Cantabria para abordar el compromiso del partido de acabar con el bloqueo judicial que, según afirman, ha generado el Gobierno de Sánchez.
Urrutia ha destacado que, de llegar al Gobierno, el PP modificará de forma urgente la regulación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y establecerá criterios unificados para todos los órganos judiciales. La candidata ha criticado que la obligatoriedad de acudir a los MASC como requisito previo a la interposición de ciertas demandas está provocando más retrasos e inseguridad jurídica.
Propuestas del PP para mejorar la Justicia
El Partido Popular considera esencial evitar que estos medios alternativos se conviertan en un obstáculo para la Justicia. Urrutia ha detallado varias medidas que se impulsarán, como la unificación de criterios en la aplicación de los MASC y la modificación de las excepciones sobre su obligatoriedad.
Además, se contempla la elaboración de un estatuto de la tercera persona neutral, con la participación de todos los profesionales implicados, así como programas de formación específica para los operadores jurídicos y campañas de información ciudadana sobre el funcionamiento de estos mecanismos.
Críticas a la legislación actual
La candidata ha expresado su preocupación por los efectos de la Ley de Eficiencia Judicial, impulsada por el ministro Félix Bolaños, que ha generado inseguridad jurídica y disparidad de criterios en su interpretación. Urrutia ha calificado esta ley como “otro desastre legislativo” y ha subrayado la necesidad de eliminar obstáculos y reforzar los medios para mejorar la Justicia.
Asimismo, se han discutido otras iniciativas, como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el desarrollo de la ley que reconoce el RETA a los profesionales de la abogacía, que el PP se compromete a implementar de manera inmediata.
Urrutia ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de corregir los problemas de una regulación que está afectando el funcionamiento de la Justicia y los derechos de los ciudadanos.
