Izquierda Unida (IU) llevará al próximo pleno municipal de Santander el caso de un policía local bajo investigación por supuestos accesos no autorizados a la base de datos VioGén. Este agente, que ya enfrenta un juicio oral, habría intervenido para que se redujera el nivel de riesgo de una mujer cuya protección no estaba a su cargo.
El concejal de IU, Keruin Martínez, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al equipo de Gobierno para conocer las acciones y actualizaciones relacionadas con el caso. Además, ha solicitado que se abra un expediente para esclarecer los hechos y garantizar la protección de las víctimas mientras se desarrolla el proceso judicial.
Detalles del caso
Según el auto judicial, el agente consultó repetidamente el nivel de riesgo de una mujer, calificada como media, y contactó con el policía nacional encargado de su protección para solicitar una reevaluación. Curiosamente, este agente tenía asignada la protección del presunto agresor, quien era también su arrendador y había denunciado a la mujer, convirtiéndose en víctima protegida.
Este mismo policía fue detenido en agosto de 2025 por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con una trama de tráfico de cocaína en Cantabria, que también involucraba a su arrendador y presunto agresor.
Preocupaciones sobre la confianza de las víctimas
Martínez ha enfatizado la necesidad de esclarecer los criterios utilizados para asignar la protección y los controles existentes, dado que la confianza de las víctimas en el sistema es crucial. “Cuando una mujer acude a las instituciones para pedir ayuda, necesita saber que sus datos están protegidos”, ha afirmado el concejal.
El edil ha lamentado que este caso no sea aislado y ha recordado que en Granada, una jueza procesó a ocho agentes por consultas no autorizadas a VioGén, lo que ha generado temor y desconfianza en las víctimas. IU destaca que el Ayuntamiento ya enfrentó un caso similar en 2025, donde un asesor municipal, también policía local, fue condenado por violencia de género, sin que se adoptaran medidas adecuadas por parte del equipo de Gobierno.
“La lucha contra la violencia machista exige coherencia institucional. No basta con condenar cada asesinato; también hay que cuidar la confianza de las mujeres en los servicios que deben atenderlas y protegerlas”, concluyó Martínez.
