El juzgado ha admitido el recurso presentado por Izquierda Unida (IU) contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que legaliza el cierre del paso bajo el arco del Banco Santander. Esta decisión también acumula la causa de una comunidad de propietarios afectada por la medida.
El acuerdo, aprobado el 7 de septiembre, modificó la categoría del tramo de calle bajo el arco de "viario de uso rodado" a "viario compartido/restringido". Esta modificación fue considerada por el juez como una cobertura administrativa a una situación ya existente, lo que llevó a ordenar la reapertura del paso. Sin embargo, días después, la Junta de Gobierno Local del PP aprobó el cambio de uso por vía de urgencia, apoyándose en informes municipales solicitados por la alcaldesa Gema Igual.
Reacciones y próximos pasos
El concejal de IU, Keruin Martínez, ha calificado la decisión del juzgado como una buena noticia, ya que el acuerdo será revisado por el juez. Martínez sostiene que la aprobación posterior del acuerdo no elimina la situación material denunciada, sino que la confirma. El juzgado ha abierto una nueva pieza para estudiar la solicitud de IU de suspender cautelarmente el acuerdo, dando diez días al Ayuntamiento para presentar alegaciones.
Además, el juzgado ha decidido tramitar conjuntamente la causa de los vecinos afectados por el cierre. Martínez ha enfatizado la importancia de que los vecinos participen en el proceso, ya que son quienes sufren las consecuencias del cierre, afectando su accesibilidad y seguridad.
Cuestionamientos a la gestión municipal
El concejal ha recordado que hace un año se prometió a los vecinos que recuperarían servicios como el paso de la línea 5C2 del TUS, que ha sido alterado, dejando sin cobertura a varias calles de la ladera sur de Santander. Martínez ha instado a la alcaldesa a explicar por qué se aprobó el cambio que beneficia al Banco Santander y perjudica a los vecinos, acusando al PP de actuar en favor de intereses privados en detrimento de la comunidad.
“El espacio público no puede organizarse para favorecer a una entidad privada y dejar a quienes viven aquí sin un paso accesible ni alternativas”, ha concluido Martínez, cuestionando las prioridades del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria.
